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La Mesa del Parlament reunida en la mañana de hoy 12 de marzo de 2013 ha decidido aprobar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía (Ilp RGC).
La ampliación del informe de oposición del Gobierno de la Generalitat no ha sido obstáculo para su aprobación al cumplir la Ilp RGC con todos los requisitos jurídicos exigibles.
A partir de este momento deberá constituirse la comisión de juristas del Parlament que gestionará la jura o promesa de los fedatarios/as de la Ilp así como el trámite de la numeración y sellado de los pliegos de la ILP.
Por último, felicitar al esfuerzo colectivo de personas, colectivos, organizaciones, entidades, mociones de ayuntamientos, etc., que ha permitido superar la oposición del Gobierno de la Generalitat y hacer realidad el ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía a través de la ILP.
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El viernes 22 de Febrero una representación de la comisión promotora de la ILP por la Renta Garantizada de Ciudadanía se reunió con la Consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté.
La consejera y su equipo querían transmitir el posicionamiento del gobierno en frente de nuestra ILP. Este posicionamiento, contrario a la tramitación, según la consejera no tiene que estar contrapuesto a la visión que compartimos de la extrema situación en que nos encontramos. Y aquí es donde empiezan nuestras matizaciones.
Desde la Comisión Promotora de la ILP le explicamos a la consejera y a su equipo que si el Gobierno hace un informe desfavorable por la admisión a trámite de la ILP, motivado por una afectación presupuestaria, cometen un error, puesto que tiene que tener afectación presupuestaría en el año en curso y este no es el caso.
Entendemos que el Gobierno, y el partido que lo conforma (CiU), tengan dudas sobre el alcance económico de una renta como esta, nosotros también tenemos sobre los ingresos de la Generalitat, o sobre cierto tipo de gastos no sociales, pero en cualquier caso este no es momento de hablar de esto.
Ahora estamos en el proceso de ver si la propuesta de ILP cumple con los requisitos establecidos por la ley, y los cumple. De ver si desde el punto de vista de los servicios jurídicos y de la propia Mesa del Parlamento es admisible a trámite, y lo es. El gobierno y CiU, en caso de poner palos a las ruedas de esta ILP, estará incurriendo en una falta muy grave a la democracia. Estará intentando prohibir que un grupo de ciudadanas y ciudadanos ejerzan su derecho a recoger cincuenta mil firmas y que el contenido de la ley sea debatido en sede parlamentaría.
El movimiento del Gobierno de intentar que esta ILP no sea admitida a trámite es cómo si el Gobierno pretendiera impedir que cualquier grupo parlamentario no presentara una proposición de ley, sólo, porque no le gusta la propuesta. En unos tiempos donde todos nos llenamos la boca del derecho a decidir y de radicalidad democrática, estaría bien que un Gobierno, y un partido que tanto se llenan la boca, dejaran a la ciudadanía expresarse, en ninguna parte de censurar de forma despótica.
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Esta mañana, 29 de enero, Mesa del Parlamento ha debatido la posible tramitación de la *ILP. De acuerdo con el artículo 102.2 Reglamento, Mesa envía al Gobierno de la Generalitat la *ILP para que dé su conformidad previa a admisión a trámite. Este trámite tiene un plazo de 8 días.
El Gobierno no puede denegar admisión a trámite si, según el mismo arte 102.2, los efectos económicos que pueden derivar han sido expresamente pospuestos para otro ejercicio presupuestario, como así lo hace la propuesta de la *ILP.
Así pues el plazo se acorta y la tramitación parlamentaria de la *ILP por una Renta Garantizada Ciudadana es ya casi una realidad!
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Hoy viernes, representantes de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa por una Renda Garantizada de Ciudadania (Sixte Garganté, Diosdado Toledano, Joan Godayol, Carmen Fuentes y Carme Porta) han presentado a la Presidenta del Parlament,, Núria de Gispert, el contenido de la propuesta.En la reunión se ha compartido la necesidad de desarrollar el que recoge el artículo 24.3 del Estatuto de Cataluña en el cual se recoge que “las familias o personas en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una Renta Garantizada Ciudadana que les garantize una vida digna” dada la situación de aumento de las dificultades económicas de los hogares y de crecimiento importantísimo del paro y la pobreza.
El texto, que se ha presentado a registro en el Parlamento para proceder al trámite parlamentario, desarrolla la creación de una Renta Garantiza de Ciutadania para dar respuesta a la preocupante situación económica de las ciudadanas y ciudadanos de Cataluña y según se ha expuesto en la reunión “es una cuestión de emergencia social y justícia”.
El paro en Cataluña afecta ya a 885.100 personas, la cobertura pública es decreciente, la modificación del PIRMI ha creado más desprotección en colectivos ya castigados y la pobreza es creciente y dramática, además de afectar a diferentes niveles económicos y situaciones laborales. Según los datos de que se dispone a final del 2013 sólo un 30% de las personas al paro recibirán algún tipo de prestación económica.
El objetivo de la propuesta es garantizar que nadie esté por debajo del umbral de la pobreza, utilizando todos los instrumento que ya nos dan las leyes actuales y desarrollando aquello que el propio Estatuto reconoce.
ejes centrales de la proposición de ley de creación de una Renta Garantizada de Ciudadanía son:
Es un derecho universal de todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, no condicionado a disponibilidades presupuestarias ni a la obligación de participar en acciones de inserción social y laboral.
Es un derecho subjetivo de carácter individual pero vinculado a la situación económica de la persona y, en su caso, del núcleo familiar o de convivencia.
El derecho a percibir una prestación económica de, como máximo, 664 euros mensuales por doce pagas.
La prestación económica de la RGC tiene carácter suplementario; es el derecho a percibir la cantidad necesaria a fin de que, sumada a los ingresos económicos que se tengan por cualquier concepto, se disponga de unos ingresos económicos iguales a 664 euros mensuales por doce pagas.
Los requisitos para acceder al derecho a cobrar la prestación económica de la RGC son:
Tener 18 o más años, o ser menor emancipado.
Estar viviendo legalmente en Cataluña.
Tener residencia continuada en Cataluña durante un mínimo de 12 meses.
No disponer de ingresos económicos superiores a los mínimos garantizados equivalentes a la cuantía del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (por el año 2012, 664 euros mensuales por doce pagas), durante como mínimo los 4 meses anteriores a la solicitud.
La comisión promotora se había reunido ya con representantes de todos el grupos parlamentarios de la cámara para informar sobre el proceso y el contenido de la propuesta. Por otro lado, también se ha querido buscar el compromiso de las diferentes fuerzas parlamentarias para que la Renta Garantizada Ciudadana acontezca una realidad.
hoy se ha hecho entrega del texto y memoria de la Iniciativa Legislativa Popular, a la Presidenta del Parlamento, para iniciar el proceso legal.
Comisión Promotora de la ILP para una Renta Garantizada Ciudadana. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
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El próximo viernes 25 algunas personas miembros de la Comissió Promotora de la ILP per una Renda Garantida Ciutadana expondrán a la Presidenta del Parlament, Núria de Gispert, la propuesta y harán entrega del texto y memoría de la Iniciativa Legislativa Popular pera iniciar el proceso legal.
La propuesta pera una Renda Garantida Ciutadana ha sido desarrollada a partir del articulo 24.3 de l'Estatut de Catalunya que dice: “las familias o personas en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una Renta Garantizada Ciudadana que les garantice una vida digna" este artículo todavía no se ha desarrollado desde la aprobación del Estatut.
Leer más: Convocatoria de Prensa. Reunión con la Presidenta del Parlament
