El alto precio de la pobreza FTC AIAC

Posted on 19/04/2013 by ftc

Sylviane Dahan

Vocal de Mujeres y Derechos Civiles de la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Barcelona)

 

Todos los indicadores confirman aquello que, para las entidades vecinales, constituye desde hace tiempo una evidencia: la perversa combinación de la crisis y de las políticas de austeridad, promovidas desde las distintas administraciones públicas, está hundiendo en la pobreza a amplias franjas de la población. Hablar de situación de emergencia social, lejos de ser una figura retórica, se ha convertido en una pálida descripción de la realidad. En la “rica” comunidad autónoma de Catalunya, más del 25 % de las personas en edad de trabajar carece de empleo – alrededor de 850.000, según la encuesta de población activa. En 2014, sólo el 30 % de las oficialmente registradas recibirá algún tipo de ayuda.

Un reciente estudio del Instituto Municipal de Estadística certificaba que más de la mitad de los barrios de Barcelona se encontraba ya por debajo de la media de rentas familiares de la ciudad. Las desigualdades se ahondan. La tasa de pobreza y el riesgo de exclusión social afectan al 24 % de la ciudadanía, con un impacto particularmente cruel sobre la población femenina y sobre la infancia, cuyo desarrollo físico e intelectual hipotecan las privaciones. Bastaría con señalar, por cuanto se refiere a los núcleos de convivencia, que el 48 % son familias oficialmente consignadas como “mono-parentales” – en su abrumadora mayoría, a cargo de madres solas. Incluso en barrios de clase media pero población envejecida, como el céntrico Eixample, la pobreza se instala en los colectivos de viudas y pensionistas, que subsisten con menguados ingresos. En países como Francia, con un Estado del bienestar más desarrollado, toda una serie de ayudas a los hogares – nacimiento, escolarización, alojamiento… – contribuye a evitar que situaciones de estrechez basculen hacia la pobreza o la exclusión. No tenemos aquí unos dispositivos similares.

Ciertamente, son muchos los factores que inciden en el crecimiento a ojos vista de la pobreza: el paro, la precariedad generalizada del mercado laboral, la disminución del poder adquisitivo de los salarios… Pero también el conjunto de recortes efectuados en el gasto social por los gobiernos, central y autonómico: las restricciones en las prestaciones por desempleo (subsidios y políticas activas), en la ley de dependencia, en ayudas a jóvenes… sin olvidar los re-pagos sanitarios, la congelación de pensiones o la desastrosa política de vivienda, hoy en día ampliamente contestada. Catalunya tiene el triste honor de encabezar el ranking estatal de desahucios, cerca del 90 % de los cuales se produce, en el ámbito del área metropolitana, por impago de alquiler. Con todo ello, va perfilándose una geografía de la injusticia social que fractura la ciudad.

Hay, pues, un haz de políticas públicas que sería necesario revertir para hacer retroceder la pobreza. Sin embargo, algunas urgencias resultan insoslayables. Por eso, la reciente Asamblea de nuestra Federación (16/03/2013) adoptó y decidió promover la ILP, propuesta al Parlamento catalán por un colectivo de sindicalistas, intelectuales y activistas sociales, a favor de la instauración de una Renta Garantizada de Ciudadanía – un derecho que contempla el actual Estatut de Catalunya, pero que aún no ha tenido concreción legislativa. Se trataría de una prestación, complementaria en caso de percibir otros ingresos, que asegurase a toda persona mayor de 18 años y legalmente establecida unos recursos que alcanzasen los 664 euros mensuales, estimados por la propia Generalitat como renta de suficiencia. Dentro de unos días empezará la recogida de las 50.000 firmas que han de avalar el proyecto de ley y permitir su debate en sede parlamentaria. Desde el movimiento vecinal vamos a volcarnos en esa campaña como un medio de elevar la conciencia de la ciudadanía en tanto que sujeto de derechos. Pues, en efecto, una de las consecuencias más nefastas de la pobreza es la atomización de la sociedad y el fomento de la mentalidad de persona asistida. Más allá de la buena voluntad, las propias limitaciones de los servicios sociales – que trabajan en red con las parroquias y otros organismos -, la preeminencia de los bancos de alimentos, el carácter puntual de las ayudas… no pueden por menos que imprimir un sesgo caritativo a esas acciones. Sólo una sociedad que aborde el fenómeno disgregador de la pobreza con criterios de solidaridad, de justicia redistributiva y de dignidad humana – y no de beneficencia – mantendrá la cohesión necesaria para superar la crisis actual. Por el contrario, una población sin derechos, maltrecha y desestructurada, corre el peligro de precipitarse, tras banderas populistas y demagógicas, a una lucha desesperada de pobres contra pobres… o se verá reducida a la impotencia ante un capitalismo depredador.

Conocemos de antemano la disposición del actual gobierno conservador de la Generalitat, que se opondrá vehementemente a la ILP arguyendo escasez de recursos presupuestarios: los economistas de la comisión promotora calculan que la aplicación de la ley requeriría una dotación de 1.800 millones de euros. Pues bien, he aquí una excelente ocasión para debatir de prioridades y, en última instancia, acerca del modelo de país a que aspiramos. Y no valdrá zafarse señalando las exigencias de déficit que plantea el gobierno central, ni los incumplimientos de Madrid en materia de financiación. CiU no ha presentado aún su proyecto de presupuestos. Sabemos, sin embargo, que el servicio de la deuda financiera de la Generalitat rebasará este año los 2.300 millones de euros. Y que el pago de las obras públicas financiadas por empresas constructoras, como los peajes en la sombra de las nuevas autovías “gratuitas”, supondrá otros 1.100 millones. A diferencia de estas partidas, la correspondiente a una renta ciudadana revertiría, a través del consumo, en la actividad económica, favorecería el comercio de proximidad y tributaría. Sabemos, por otra parte, que el fraude fiscal, según el Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, asciende a unos 16.000 millones en nuestra comunidad autónoma.

No son sólo cifras, sino el reflejo de unas determinadas relaciones sociales, dominadas por las élites financieras y una minoría privilegiada. ¿Cómo? ¿Resulta cara una Renta Garantizada de Ciudadanía? Lo que nos está resultando, más que caro, insostenible y amenazador, es la pobreza. Sí, la pobreza, con sus estragos sociales y de género, con la devastación cultural y política que inscribe en nuestras vidas.

 

 

Entrevista a Sixte Garganté i Diosdado Toledano, promotors de la ILP per una Renda Garantitzada Ciudadana, publicada a Rebelion.org

Sixto Garganté es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Pompeu Fabra. Diosdado Toledano, activista social y altermundista, fue sindicalista en SEAT y en la actualidad participa en la Assemblea de Trabajadores/as en paro de Barcelona y en la Coordinadora de Catalunya. Ambos son representantes legales de la Comisión Promotora de la ILP por una RGC.
La campaña se inicia, con un acto público al que todos estamos invitado, el próximo 5 de abril, a las 19 horas, en el Centro Cívico de "Fort Pienc" de Barcelona.

Después de felicitaros por lo ya conseguido -¡el Parlament de Catalunya ha admitido la tramitación de la ILP!-, empiezo preguntando por lo más básico. ¿Qué es una ILP?

SG: Es el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a presentar proposiciones de ley al Congreso de Diputados o a los Parlamentos de las comunidades autónomas. Este derecho se hace efectivo a través de Iniciativas Legislativas Populares, las ILP.

El Estatut d'Autonomia de Catalunya, en su artículo 29.3, reconoce el derecho de todos los ciudadanos de Catalunya a presentar iniciativas legislativas al Parlament de Catalunya. Son necesarias 50.000 firmas válidas para que el Parlament se vea obligado a discutir -y acaso a aprobar- una renta garantizada de ciudadanía como es nuestro propósito.

La tramitación de la proposición de ley se hace por la usual vía parlamentaria. La Comisión Promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) tiene el derecho de retirar su proposición si considera que la tramitación parlamentaria no respeta el sentido de su propuesta.

La ILP que apoyáis, que estáis defendiendo, pretende pues una renta garantizada para personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué renta? ¿Quiénes serían las personas en situación de vulnerabilidad?

SG: La ILP-RGC de Catalunya establece una prestación económica mensual básica de 664 euros por 12 pagas.

Veure tota l'entrevista aquí

 

 

07/04/2013

 

La renda garantida de ciutadania, una resposta a l'exclusió social

Per Joan Carles Gallego Herrera

 

Ja s’ha fet pública la iniciativa legislativa popular (ILP) per la renda garantida de ciutadania (RGC), un cop superat l’intent del Govern d’evitar que la prengués en consideració la Mesa del Parlament. El Govern adduïa efectes pressupostaris per no tramitar-la, amb la qual cosa convertia en impossible qualsevol iniciativa que pretengués lluitar contra l’exclusió social. Finalment, el dictamen dels serveis jurídics del Parlament van permetre que la Mesa donés llum verd a la recollida de signatures, que començarà el proper 15 d’abril. Haurem d’entrar-ne moltes més de les 50.000 mínimes exigides, per demostrar la voluntat ciutadana de lluitar contra l’exclusió social i per forçar un canvi en les polítiques de la majoria parlamentària, que continua instal·lada en la retallada de drets i en l’austericidi com a única eina de gestió pressupostària.  

La RGC és un dret previst en l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006 (art. 23.6) per assegurar els ingressos mínims (d’acord amb l’indicador de rendes de suficiència de Catalunya, serien 664 € al mes) per fer front a les situacions de necessitat de qualsevol ciutadà o ciutadana. La RGC ha de ser una resposta eficient i justa a la pobresa i l’exclusió social a Catalunya. Avui, de les 664.500 persones aturades registrades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) només 445.000 reben una prestació d’atur (un 53,1%, la prestació contributiva; un 41,1%, el subsidi, i un 5,8%, la renda activa d’inserció). Més d’un 50% fa més d’un any que està a l’atur. Aquesta setmana coneixerem les dades de l’Enquesta de població activa (EPA), que confirmaran que a Catalunya hi ha més de 900.000 persones en atur que volen treballar i no poden per manca d’ofertes, que hi ha més de 250.000 llars amb tots els membres en desocupació o que hi ha més de 120.000 llars on no hi entra cap ingrés.

El risc de pobresa i exclusió social és creixent, i és essencial l’actuació pública per evitar la fractura social. En una situació com aquesta no es pot permetre que es retallin la prestació i els subsidis per atur ni la renda activa d’inserció (RAI), i cal exigir que es mantingui l’ajut econòmic temporal per a qui esgoti la resta de prestacions per atur. 

És imprescindible garantir uns ingressos mínims per a les persones sense feina ni recursos alternatius. Mentre no s’implanti la RGC cal aixecar les restriccions que el Govern ha imposat a la renda mínima d’inserció (RMI), que deixa sense cobertura persones aturades sense ingressos simplement perquè no tenen “altres problemes socials” o no estan en situació de “pobresa extrema”. La RMI ha de recuperar la seva finalitat inicial: ser el darrer ingrés de subsistència amb accions per a la inserció i reinserció laborals. 

De manera urgent, cal implementar la renda garantida de ciutadania (RGC) per a les persones o famílies en situació de pobresa, perquè puguin accedir a una renda que els asseguri els mínims d’una vida digna mitjançant la cobertura de les necessitats bàsiques de la persona. Perquè des de l’exclusió social no hi ha possibilitat d’inserció laboral ni d’accés als drets i béns socials. Això és el que pretén la ILP per la RGC, que comença a caminar.  

La principal actuació per combatre l’atur és la creació d’ocupació i aquesta està relacionada amb la reactivació de l’activitat econòmica, que segueix sota mínims, atesa la inutilitat de les polítiques dels governs. Però mentre no es crea ocupació cal reclamar polítiques concretes que evitin l’exclusió social, redistribuint millor la riquesa existent. Des de l’exclusió social, la llibertat individual és inexistent, des de la desigualtat social, les llibertats col·lectives es ressenten. 

Garantir la cohesió social és la principal responsabilitat del Govern i, en paral·lel, promoure polítiques que reactivin l’economia i creïn ocupació: impulsar polítiques actives per recuperar la demanda interna (via despesa i inversió pública) i facilitar la circulació del diner i l’accés al crèdit (via entitats financeres nacionalitzades). Ni la reforma laboral ni les retallades van en aquesta direcció, i la manca d’una actuació fiscal integral (reforma fiscal i lluita contra el frau), i la inexistència de voluntat política per fer que les entitats financeres rescatades facin de banca pública, allunyen encara més l’horitzó de la reactivació. 

Per això, hem de fer de la ILP per la RGC una gran mobilització social per garantir drets individuals i canviar polítiques.

 

Garantir una vida digna a tota la població?

Daniel Raventós-Sergi Raventós

L'article 24.3 de l'Estatut de Catalunya diu: “les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d'una vida digna, d'acord amb les condicions que legalment s'estableixen.” Prenent com a suport aquest redactat legal, diverses associacions, sindicats i partits polítics van començar ja a la fi de 2011 la gestació d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per una Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Després d'alguns dubtes quan no de rebot explícit per part de membres destacats del govern i del grup de CiU sobre si arribaria a ser acceptada per la Taula del Parlament català, finalment el 12 de març, i per unanimitat, aquesta Taula va admetre a tràmit l'esmentada ILP. A partir d'aquell moment s'engegava la maquinària necessària per aconseguir les 50.000 signatures requerides per ser debatuda al Parlament.

Aquesta ILP va a possibilitar que es debati i s'exposi durant els mesos de la campanya una possible alternativa a la pobresa. Molt breument, el contingut més important d'aquesta ILP pot resumir-se com segueix. La RGC ha de permetre les condicions mínimes d'una vida digna a les persones i a les famílies o nuclis de convivència que es troben en situació de pobresa. La RGC es reconeix com a dret subjectiu de totes les persones i per tant no subjecta a disponibilitat pressupostària, i tampoc estarà condicionada a l'obligació de participar en cap tipus d'activitat d'inserció laboral o social. Tindran dret a la RGC les persones que reuneixin els següents requisits: a) que acreditin una edat com a mínim de 18 anys, excepte els menors emancipats; b) que estiguin vivint legalment a Catalunya, i c) que acreditin residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos. L'indicador que estableix la quantia de la RGC és el de la renda de suficiència de Catalunya que cada any ha de fixar la Llei de Pressupostos de la Generalitat. Actualment equival a uns 664 euros al mes. Es contempla una suma addicional que serà igual a multiplicar pel 70% de l'anterior quantitat el nombre de persones que conviuen en el nucli familiar. Així, en el cas de 2 persones, seria d'1.129 euros/mes, en el cas de 3 persones d'1.594 euros/mes, etc.


Els promotors de la ILP van demanar a Jordi Arcarons, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona i membre de la Xarxa Renda Bàsica (www.redrentabasica.org), una aproximació dels costos que podria representar la proposta d'aquesta ILP, a partir és clar de la situació de pobresa en la nació catalana. Amb dades de 2012 (encara que la ILP està concebuda de manera que es començaria a aplicar l'any 2015), i de forma indicativa, Jordi Arcarons va calcular que el cost de finançament seria d'aproximadament uns 1.871,8 milions d'euros. L'informe ocupava tres folis i contenia cinc quadres. Amb data 12 de març, el Govern de la Generalitat de Catalunya va emetre un informe perquè fos inclòs en l'expedient de tramitació de la ILP, en el qual xifrava els costos en una quantitat superior: més de 3.500 milions d'euros. Aquesta estimació no ocupa ni mig foli en aquest informe. Cal dir també que en aquest escrit es dedica una abundant argumentació sobre les condicions del dèficit fiscal imposades per Madrid i Brussel·les però no es fa cap anàlisi sobre la situació creixent de pobresa que pateix Catalunya curiosament quan cada vegada hi ha més dades de l'augment de l'índex AROPE (1) a Catalunya. En concret, i a pesar que Catalunya està per sobre de la mitjana del Regne d'Espanya, l'evolució indica que el risc ha augmentat molt més que en la resta de l'Estat entre 2009-2011: un 6,8% a Catalunya per un 3,6% en el conjunt de l'Estat (2). Un altre indicador que calla el govern és el dels treballadors pobres (aquells que tenen uns ingressos inferiors als quals determina el llindar de la pobresa) que a Catalunya (també en el Regne) han augmentat més d'un 2% entre el 2007 i el 2010, passant d'un 11,40% a un 13,70%, mentre que en la Unió Europea dels 27 es manté estable en un 8,50%.

Aquestes dues quantitats diferents sobre el que suposaria una RGC a Catalunya, a la menor de Jordi Arcarons la cridarem “A” i a la major del govern català “B”, ens serviran de referència per exposar els següents càlculs. Com és sabut lloc que va anar un informe molt difós, el sindicat de tècnics del Ministeri d'Hisenda GESTHA va proposar a mitjan 2012 una sèrie de mesures per recaptar 63.809 milions d'euros en tot el Regne d'Espanya. Concretant aquesta recaptació per al cas de Catalunya a partir del 18,7% del PIB del Regne l'any 2012, càlcul que, encara que no està exempt d'algunes imperfeccions posat que la recaptació en alguns casos no és equivalent al percentatge de PIB, no suposa una mala aproximació, resultarien aquestes quantitats:

Reducció economia submergida 10 punts: 7.214 milions.
Nou tipus d'impost de societats: 2.607 milions.
Impost de transaccions financeres: 935 milions.
Impost sobre la riquesa: 636 milions.
Restriccions al sistema de mòduls i *Sicav, augment del tipus a l'estalvi i guanys patrimonials al general: 279 milions.
Prohibició de les operacions en curt contra el deute públic: 262 milions.

És a dir, estem davant una recaptació d'11.933 milions d'euros, 6,4 vegades més que “A” i 3,4 vegades més que “B”. No hi ha dubte que, donat l'actual marc legal, el govern de Catalunya no és sobirà per recaptar alguns d'aquests impostos. Problema important, per descomptat, al que tornarem en breu, però no invalida el que ens sembla imprescindible assenyalar: poden recaptar-se aquestes quantitats des del punt de vista econòmic.

En l'esmentat informe del Govern de la Generalitat del que hem extret la quantitat “B”, es dediquen moltes pàgines a excusar-se per la falta de competències actuals per poder variar els percentatges de dèficit, a més de la falta de moltes competències fiscals. La veritat és que és així, però l'endemà d'admesa aquesta ILP en la Taula del Parlament de Catalunya, va haver-hi un políticament molt important plenari de l'esmentat Parlament en el qual 104 diputats i diputades (ERC, PSC, ICV-EUiA i CiU) votaven a favor del dret de decidir. Més de tres cambres: el 77,6%. Els 3 representants de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) es van abstenir, no perquè no estan d'acord amb el dret a decidir, per descomptat, sinó perquè consideren que el govern del Regne d'Espanya mai acceptarà un referèndum i, per aquesta raó, no té sentit reclamar el diàleg amb l'esmentat govern. Solament van votar en contra del dret a decidir els nacionalistes espanyols del PP i de Ciutadans (27), una cinquena part, el 20,1%. Seria un bon exercici de sobirania (encara molt limitada, és cert) que el Govern i el Parlament catalans decidissin la forma pròpia de recaptar els diners necessaris per garantir els recursos que exigeix la ILP de la RGC, inspirada en un article de l'actual Estatut (aprovat en Referèndum per àmplia majoria del poble català) i que asseguri una vida digna a la ciutadania i a la població amb residència acreditada. Seria una indubtable bona manera de combinar la defensa dels legítims drets nacionals de Catalunya amb la defensa de l'existència material de la ciutadania i residència acreditada d'aquesta nació. CiU no s'ha diferenciat per res del PP en l'atac sistemàtic a les condicions de vida i de treball de la major part de la població i això en cap moment es pot oblidar. Però els partits d'esquerres que recolzen la ILP (PSC, ERC i ICV-EUiA) tenen una bona oportunitat de concretar la doble aspiració democràtica: nacional (van votar a favor del dret a decidir el 13 de març al Parlament català) i social. Aviat veurem si és així.

També mereix un comentari el reiterat informe executiu d'on ha sortit la quantitat “B” perquè dedica bona part a criticar les possibles conseqüències de la ILP per una RGC. I ho fa d'una forma errònia en més de quatre i de cinc punts: critica la RGC prenent-la per una renda bàsica (RB). Ja hem escrit amb anterioritat les diferències substancials que existeixen entre la RGC i la renda bàsica(3) i no anem una altra vegada a repetir-les. Però hi ha una diferència que potser predomina sobre unes altres i val la pena reiterar-la, aquesta sí: la RB no és condicionada, característica que suposa quedar al marge de les crítiques que reben els assignacions públiques monetàries condicionades. L'informe del Govern català es recrea en crítiques als subsidis condicionats que, siguin o no correctes, no són aplicables a la RB.

Que la RGC sigui o no un camí a la renda bàsica universal i incondicional, com en un acte organitzat per ATTAC-Acordem a Barcelona a principis de març titulava (“Per una Renda Garantida de Ciutadania, cap a una Renda Bàsica”, és a dir, “Per una RGC, cap a una RB”) és alguna cosa que solament la capacitat de mobilització i suport social que això pugui generar, acabarà o no decidint. La RB, ja s'ha dit en diverses ocasions, va uns quants passos més enllà de la lluita contra la pobresa i no exigeix cap test de recursos ni demostració de pobresa com és el cas de la RGC. Encara així, l'objectiu de la RGC significa en aquesta barbàrie socioeconòmica que estan vivint centenars de milers de ciutadans i ciutadanes, i donat el contrast que significaria amb les polítiques econòmiques aplicades fins ara, una esperança i, més important encara, una voluntat social i política de configurar els mercats en interès de la gran majoria de la població, gairebé tota menys la rica i molt rica. O molt més que ara, per expressar-ho amb major prudència política.

2012 va acabar amb una taxa d'atur a Catalunya del 24% (del 52% per al grup d'edat comprès entre els 16 i els 24 anys). En finalitzar 2007, just abans de la crisi econòmica deslligada en el 2008 i que no té indicis d'escampar en un futur proper, la taxa era del 6,6% (del 14% per al grup d'edat comprès entre els 16 i els 24 anys). Una taxa d'atur, per tant, que s'ha més que triplicat en cinc anys i gairebé s'ha quadruplicat pels més joves. La pobresa ha augmentat molt al llarg d'aquests mateixos anys. Cada vegada són més les persones que perden el que els garantia malament que bé una existència social més o menys decent. Demanar treball digne per a totes les persones en atur suposa un noble objectiu i seria fart desitjable, però mentre això no arriba i no és previsible que vagi a arribar en els propers anys aquestes mateixes persones han de tenir l'existència garantida. Menjar, allotjar-se, vestir-se… són necessitats que han de realitzar-se diàriament. Aquí cobra tot el sentit aquesta Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida de Ciutadania (cap a una renda bàsica?).

NOTES

(1) AROPE (acrònim de l'anglès At Risk of Poverty and/or Exclusion) és un indicador sintètic que té en compte altres tres indicadors: la població que viu sota el llindar de pobresa (persones que viuen en llars amb una renda inferior al 60% de la mitjana de la renda nacional), la població afectada per una privació material severa (no pot permetre's el pagament de quatre dels següents nou ítems: hipoteca, lloguer o lletres; manteniment de l'habitatge a una temperatura adequada; una setmana de vacances a l'any; un menjar amb carn, pollastre o peix cada dos dies; telèfon; televisió; rentadora; cotxe; despeses imprevistes) i la població amb baixa intensitat d'ocupació per llar (nombre de mesos treballats durant l'any per part de tots els membres de la llar en edat laboral en relació als mesos que teòricament podran treballar; una intensitat de treball igual o inferior a 0,20 és considerada baixa).

(2) EAPN Madrid. 2012. Impactes de la crisi, les xifres de la pobresa a Espanya. Seguiment de l'indicador de risc de pobresa i exclusió social a Espanya 2009-2010

(3) La definició de renda bàsica a la qual ens referim l'associació Xarxa Renda Básicawww.redrentabasica.org és la que segueix: “un ingrés pagat per l'Estat a cada membre de ple dret de la societat o resident acreditat, fins i tot si no vol treballar de forma remunerada, sense prendre en consideració si és ric o pobre, o dit d'una altra manera, independentment de quins puguin ser les altres possibles fonts de renda, i sense importar amb qui convisqui.” No és per tant la “Renda Bàsica” (què tindran aquestes dues paraules perquè tantes propostes diferents les assumeixin! Més confusió afegida si cap) que es proposa per exemple en llocs com Extremadura que està pensada per a gent que no té ingressos i per tant condicionada a un test de recursos. I en tot cas, és molt inferior en cobertura i quantitat de la prestació a la ILP de la RGC que estem comentant.

Daniel Raventós és professor de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, membre del Comitè de Redacció de sinpermiso i president de la Xarxa Renda Bàsica. És membre del comitè científic de ATTAC. El seu últim llibre és Què és la Renda Bàsica? Preguntes (i respostes) més freqüents (El Vell Talp, 2012). Sergi Raventós treballa a una fundació de salut mental. És membre del col·lectiu *Dempeus *per la *salut pública. Forma part de la comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida de Ciutadania com a representant de la Xarxa Renda Bàsica.

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